La Justicia porteña ha ordenado al gobierno de Jorge Macri que asuma el control del operativo de seguridad para la marcha de jubilados programada para el próximo miércoles 9 de abril. Esta decisión se produce en un contexto de tensión, donde la intervención de las fuerzas de seguridad federales, bajo la dirección de Patricia Bullrich, había suscitado preocupaciones sobre la autonomía local y la seguridad de los manifestantes.
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, dirigido por el juez Roberto Gallardo, ha solicitado que se respete la autonomía de la Ciudad en materia de seguridad. La marcha, que será encabezada por jubilados y gremios asociados a la Confederación General del Trabajo (CGT), tiene como objetivo reclamar derechos en el contexto de un paro nacional.
Detalles del Operativo de Seguridad
El juez Gallardo determinó que el gobierno de la Ciudad debe evitar la intervención de fuerzas de seguridad federales fuera de los marcos establecidos por la Ley de Seguridad Interior. Esto incluye la prohibición de medidas que restrinjan el derecho a la protesta y la libertad de expresión. La orden implica que la administración de Macri debe organizar y coordinar el operativo de seguridad para garantizar la libre circulación y la seguridad de los ciudadanos durante la movilización.
La cautelar fue solicitada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT y representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). En su argumentación, enfatizaron la necesidad de que la Policía de la Ciudad, una fuerza de seguridad capacitada, asuma el control del operativo en lugar de las fuerzas federales, que han estado involucradas en incidentes violentos en manifestaciones pasadas.
Preocupaciones por la Seguridad en Manifestaciones
El juez Gallardo advirtió sobre el riesgo de lesiones a la integridad física de los manifestantes y la opresión de la autonomía de la Ciudad. En su fallo, mencionó incidentes anteriores donde la intervención de fuerzas federales resultó en violencia, incluyendo el caso de un periodista herido durante una protesta reciente.
La decisión también busca prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado nacional, que ha sido criticado por su intervención en las manifestaciones y su impacto en los derechos de los ciudadanos. La resolución reafirma la importancia de que el Gobierno porteño retome su rol en la gestión de la seguridad pública, asegurando que el operativo respete los derechos constitucionales de quienes participen en la marcha.
La marcha del 9 de abril es una oportunidad para que los jubilados expresen sus demandas, en un momento en que la atención se centra en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el contexto de protestas. La participación activa de la comunidad es crucial para defender estos derechos y asegurar que las voces de los jubilados sean escuchadas.
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